A  Las imágenes hablan por sí mismas y los datos son concluyentes.

Soldados y oficiales norte americanos en Irak torturaron, maltrataron, sodomizaron y asesinaron a prisioneros iraquíes a sangre fría en la prisión de Abu Graib. Las primeras denuncias surgieron el 13 de enero, pero el comando norte-americano en Irak y el gobierno cerraron las informaciones a siete llaves, hasta que en el último día 28 de abril, después de la divulgación de las fotos por la rede CBS, la noticia de que los imperialistas americanos son torturadores recorrió el mundo, a develar el irrespeto infame de los Estados Unidos a los derechos humanos.

La reprobación general al despotismo norte-americano forzó a las autoridades de este país a dar explicaciones apresuradas a través de informes oficiales, anunciando una “investigación rigurosa” y la punición de los que, eufemísticamente, “cometieron abusos”.

La gravedad de los hechos puede ser clarificada por el propio empeño personal del presidente George Bush, y su ministro de la Defensa, Donald Rumsfeld, en desvincular los actos criminosos de la institución militar y del gobierno norte-americano, como si se tratase de desvío de conducta de soldados y oficiales aislados. Las entrevistas que Bush concedió a las emisoras de televisión árabes el día 4 de mayo fueron patéticas, quedando obvio que el “desagrado” de los imperialistas era con la repercusión negativa y no con el hecho en sí y las palabras y gestos calculados del presidente hacían parte de un guión trazado para limpiar la imagen de su gobierno frente la opinión pública del mundo árabe y contener la legítima revuelta generada por las prácticas criminales de los militares de las fuerzas de ocupación norte-americanas. Si realmente hubo investigación, el gobierno Bush corre serio risco de verse enredado en un problema de proporciones mayores que el ocurrido por la revelación de que Irak, de Saddam Hussein, no poseía armas de destrucción masiva y de que el pronunciamiento del secretario de Estado Colin Powell en las Naciones Unidas fuera instruido por un informe mentiroso de la CIA. Los primeros militares castigados ya anunciaron que presentarán apelaciones, alegando haber recibido ordenes superiores. Veremos hasta donde llegarán las investigaciones.

Las noticias divulgadas por las agencias internacionales hasta el día 4 eran chocantes. Bajo custodia de las fuerzas de ocupación norte-americanas murieron 25 prisioneros, dos asesinados, 12 de “causas naturales” o “indeterminadas” y otras 11 muertes que aún se están investigando. Un informe del propio ejército, publicado en los medios de comunicación de los Estados Unidos indica que, entre octubre y diciembre de 2003 “soldados golpearon, pisotearon los pies descalzados de los prisioneros, usaron perros sin bozal para amenazar a los detenidos, sodomizaron un preso y amenazaron a los presos masculinos de violación”, conforme el periódico “O Estado de São Paulo”, en su edición del 5 de mayo.

Las excusas de Bush son ligeras y estrafalarias. Las torturas de sus esbirros son inseparables, diría que son uno de los aspectos hediondos, de la política de guerra de agresión y ocupación que caracterizan este triste lapso de tiempo, equivalente a una larga noche de sufrimientos, que es su mandato.

Los agresores norte-americanos, cuando bombardean ciudades, siendo responsables por la muerte de decenas de millares de ciudadanos, se revelaron a los ojos del mundo como criminales de guerra. A lo largo de la década de los 90, comenzando por el padre del actual presidente que hizo la primera guerra del Golfo, los gobernantes de la superpotencia encadenaron no sólo a un gobierno, con la política de bloqueo, sino que, ataron y masacraron a todo un pueblo, resultando de esta política la muerte de centenas de millares de niños y ancianos por falta de alimentos y medicinas. Insuperables en la crueldad con los adversarios. Vemos que ahora los agresores y ocupantes norte-americanos se desenmascararon como torturadores, lo que les hizo superarse también en cobardía.

La opinión pública internacional necesita tomar conciencia de que estamos delante de un crimen, uno más del imperialismo-fascismo norte-americano.

Denunciarlo y condenar a sus responsables es un deber elemental de todo ciudadano, militante, movimiento social, partido político y gobierno comprometido con la democracia y con la dignidad humana. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU tiene el deber de investigar a fondo y proponer sanciones a los torturadores que falsifican y cubren de oprobio los ideales de libertad y democracia que estuvieron en los fundamentos de la gran nación norte-americana en el siglo XVIII.

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(*) Periodista, Vice-Presidente de Partido Comunista de Brasil – PcdoB, responsable por las relaciones internacionales
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